Al iniciar el análisis de tres iniciativas de los grupos parlamentarios del PAN, PVEM y MC para fortalecer la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de la entidad, Comisiones Unidas del Congreso local acordaron solicitar una reunión con las personas titulares de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia y la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos, todas del Estado de México
En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia y Derechos Humanos, el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), autor con el diputado Enrique Vargas del Villar de una de las propuestas, indicó que en los últimos 20 años en México más de cien personas periodistas han sido asesinadas por causas relacionadas con su profesión y desde hace tres años el país es considerado el más peligroso a nivel mundial para ejercerla.
Por ello, plantean mejorar el mecanismo de protección y precisar la definición de personas defensoras de los derechos humanos, peticionaria, perspectiva de género, plan de protección y procedimiento extraordinario.
En su momento, la legisladora María Luisa Mendoza detalló que su iniciativa plantea establecer en la Constitución Política estatal la creación de una fiscalía especializada en el tema, y en la ley un protocolo y un mecanismo para esta protección pues de 2012 a 2018 se han registrado 460 ataques a ambientalistas en el país, en tanto que, de MC, la diputada Juana Bonilla Jaime expuso que la propuesta que impulsa con el diputado Martín Zepeda Hernández plantea incorporar la figura de defensor del medio ambiente, precisar su perfil y sus derechos.
De Morena, la legisladora Anais Miriam Burgos Hernández, quien se sumó a las propuestas, advirtió la necesidad de revisar por qué la ley, que apenas tiene dos años de vigencia, no funciona y no da resultados, en tanto que el diputado Max Correa Hernández recordó que en la entidad se persigue a ambientalistas en municipios como Jilotzingo y Huixquilucan.
Sobre este punto el diputado Vargas del Villar, coordinador legislativo del PAN, señaló que en Huixquilucan están sujetos a proceso personas que han cometido delitos y no por ser ambientalistas, en tanto que el legislador Faustino de la Cruz Pérez (Morena) dijo que se le podría solicitar a la FGJEM aplicar la ley para que no quede en letra muerta.
Del PRI, el diputado Braulio Álvarez Jasso se pronunció por una reforma que sea funcional para la autoridad y cumpla su objetivo, mientras que la legisladora Ingrid Schemelensky Castro (PAN) destacó la importante labor social del periodista.
Durante la reunión presidida por el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI) también se acordó solicitar que se incluyan en el análisis otras dos iniciativas del Verde Ecologista que solicitan precisar el perfil de las personas defensoras de los derechos humanos e incorporar en la citada ley la categoría de persona defensora del territorio y la tierra dirigida a la protección de los activistas en defensa del ambiente.