La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para agravar las sanciones de prisión por el delito de usurpación de identidad cuando sea cometido mediante la manipulación de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, redes sociales o intercepción de datos enviados.
Conforme al dictamen que reúne las iniciativas presentadas en su oportunidad por las bancadas de Movimiento Ciudadano y del Verde Ecologista, a través de sus coordinadores, el diputado Martín Zepeda Hernández y la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón, la penalidad se incrementará hasta en una tercera parte, esto es, más de 5 años de prisión, cuando la usurpación de identidad sea a través de medios digitales o electrónicos.
El dictamen también modifica la redacción del artículo 264 del Código Penal de la entidad que establece sanciones de uno a cuatro años de prisión en contra de quien ejerza con fines ilícitos un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otra persona física o jurídico colectiva que lo individualicen ante la sociedad, y que le permitan ser identificada o identificable, para hacerse pasar por ella.
En reunión presidida por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), la diputada Juana Bonilla Jaime, integrante de la bancada de MC, dijo que esta reforma mejora la tipicidad del delito de usurpación de identidad y el marco penal estatal se moderniza para estar a la par de una realidad donde los medios electrónicos son fundamentales.
Al señalar que es necesario legislar considerando la tecnología actual, recordó que esta semana se supo que en México continúan al alza los delitos cibernéticos a partir del robo de identidad, lo que obligaba a realizar esta modificación legal. Detalló que, en el país, de enero a agosto de este año mil 607 personas fueron víctimas de este delito por medio de robo de información en redes sociales y hackeo de celulares.
Del PVEM, la legisladora Claudia Desiree Morales consideró que la usurpación de identidad es una violación de la confianza, un ataque directo a la autonomía individual y una amenaza constante a la seguridad financiera y emocional de la víctima y su círculo cercano. Es un delito que daña a la persona y al tejido social, enfatizó.