Las comisiones unidas del Congreso local aprobaron, por mayoría de votos, un dictamen que conjunta tres iniciativas en materia de reforma al Poder Judicial estatal y que, de acuerdo con sus proponentes, permitirá a la ciudadanía elegir a las personas que imparten justicia y resuelven conflictos constitucionales, garantizando que interpreten la ley con valores y principios.

El dictamen de reforma a 23 artículos constitucionales, cuya aprobación requiere la votación a favor de dos terceras partes del Pleno, conjunta tres iniciativas: una presentada por el grupo parlamentario de morena; otra del PT; y una más de autoría conjunta de morena, PT y PVEM.

Al presidir la reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) afirmó que la reforma propone un cambio radical, porque coloca a la ciudadanía en el centro del sistema de justicia y constituye un hito histórico en la búsqueda de una justicia más cercana, transparente y al servicio de la población mexiquense.

Enfatizó que representa un paso fundamental hacia la consolidación de una auténtica democracia, y detalló que la actualización legislativa establece mecanismos sólidos para la rendición de cuentas, con procedimientos de evaluación públicos y sujetos a escrutinio. Además, que fortalece la independencia del Poder Judicial, garantizando que las y los funcionarios públicos puedan tomar decisiones libres de presiones políticas y económicas.

Del grupo parlamentario de morena, el diputado Octavio Martínez Vargas indicó que se trata de una armonización a la que está obligado el Congreso local, mediante la cual se aspira a dejar el último lugar en acceso a la justicia; mientras que el legislador Vladimir Hernández Villegas resaltó que la construcción de un Estado de Bienestar implica un cambio de régimen y una deconstrucción del poder, pero llamó a que, en las leyes secundarias, impere la responsabilidad de todas las partes involucradas.

Por el PVEM, la legisladora Itzel Guadalupe Pérez Correa destacó la relevancia de la reforma, porque brinda a la ciudadanía el derecho a elegir a las personas de órganos jurisdiccionales, cuyos detalles podrán perfeccionarse en la discusión de las leyes secundarias; en tanto que la parlamentaria Miriam Silva Mata puntualizó que se mejora el funcionamiento del Poder Judicial, sin nepotismo, con prontitud, mayor calificación y experiencia, además de que robustece un estado de derecho que garantizará una mejor impartición de justicia.

En contraparte, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) criticó la posibilidad de que el Poder Legislativo designe a una o un presidente del Poder Judicial del 1 de febrero al 4 de septiembre, lo cual es una invasión a la independencia de esta institución. Aseguró que la reforma no soluciona los graves problemas de la justicia ordinaria, ya que se requiere modificar su administración e impartición, incluyendo el sistema penitenciario.

El coordinador parlamentario del PAN, el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, se refirió a este cambio como una "simulación democrática" y lamentó que salga “al vapor”, porque no establece candados para evitar que el crimen organizado se involucre en la elección, y permite que persistan indefiniciones en casos de delitos electorales y rotación. Consideró que las atribuciones del Tribunal de Disciplina son violatorias de derechos humanos y que el Órgano de Administración del Poder Judicial vulnera la independencia judicial.

De MC, la parlamentaria Ruth Salinas Reyes enfatizó que el tema ameritaba mayor análisis y salvar el debido proceso legislativo en todas sus etapas, particularmente porque había tres iniciativas presentadas, por lo que lamentó que la discusión de una reforma con tanta relevancia haya sido tan acelerada, y calificó como una simulación el proceso parlamentario que se siguió.

Por lo anterior, en la discusión de la reforma en lo particular, la diputada reservó los artículos 88 bis, 89, 91 y dos transitorios; sin embargo, las propuestas fueron desechadas, por lo que se aprobaron en sus términos originales.

Las propuestas solicitaban eliminar lo referente a las controversias constitucionales por no tratarse de materia de la reforma; facilitar las rotaciones en las adscripciones judiciales, para “evitar corrupción y contar con perfiles más capacitados”; fortalecer los requisitos para validar nivel académico y experiencia.

Así como que sea el Pleno, y no la Diputación Permanente en caso de receso, el que nombre a la persona titular del Tribunal Superior de Justicia, y para que la Escuela Nacional de Formación Judicial llevara a cabo todo el proceso de implementación del examen de competencias.

En el desarrollo de la comisión se señaló que en el dictamen fue incluida una propuesta de la legisladora Ruth Salinas para ampliar las acciones afirmativas en el proceso electoral.

El dictamen reconoce el enriquecimiento del análisis de las iniciativas mediante la participación de Jesús George Zamora y Ricardo Sodi Cuellar, titulares de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, y del Poder Judicial, respectivamente, así como de Amalia Pulido Gómez y Francisco Javier López Corral, consejera presidenta y secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).