Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local aprobaron por unanimidad que, en los casos de acoso escolar o bullying, él o la acosadora garanticen la reparación del daño moral y garanticen una indemnización o el pago de daños y perjuicios.
En reunión de dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar de la entidad, las y los legisladores establecieron que corresponderá a la Secretaría de Educación de la entidad elaborar y expedir el protocolo de actuación aplicable ante los actos de bullying en el ambiente escolar así, como su revisión y actualización anual.
Asimismo, se aplicará una encuesta semestral entre la comunidad educativa para identificar las escuelas con mayor incidencia de acoso, la que servirá para la instrumentación de acciones para atenderlo; que el acoso se prohíbe y será considerado como tal cuando se lleve a cabo en cualquier red social, aplicación o plataforma electrónica, además de que cada tres meses las escuelas informarán a la Secretaría sobre los casos que registren para respaldar el actuar de la autoridad.
El dictamen precisa que se considerará abuso el acoso escolar, verbal, a través de plataformas digitales, así como el físico, que genera repercusiones físicas, emocionales, morales y sociales, e instruye a la Secretaría a dar vista al órgano interno de control que corresponda en caso de incumplimiento de estas disposiciones, quien deberá determinar a qué ente, público o privado, canalizará los casos que se presenten.
Incluye además un artículo transitorio para instruir a la Secretaría que el protocolo deberá estar listo para su aplicación a partir del próximo ciclo escolar.