A propuesta de la diputada María Elida Castelán Mondragón (PRI), el Congreso mexiquense solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informe sobre la aplicación de los lineamientos o criterios en materia de sequías que se viven en los municipios, y sobre las políticas públicas ambientales que habrán de implementarse para mitigar el fenómeno del cambio climático.
La legisladora indicó que la sequía ha provocado la disminución de la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, recesión en la tasa de crecimiento económico regional, pérdida de ingreso de personas productoras, comerciantes, transportistas, aumento en la demanda de energía, decremento en industrias y actividades asociadas o dependientes, desempleo y tirantez de créditos y actividad bancaria, menor flujo de activos, disminución de ingresos y beneficios vía impuestos.
Se suman daños a los ecosistemas, erosión y pérdida de suelos, degradación de la calidad del agua y del aire, así como del paisaje, impactos sociales, escasez de alimentos, problemas de salud y aumento de morbilidad en sectores vulnerables, conflicto entre usuarios y sectores del agua, baja de la calidad de vida e incremento de la pobreza, inestabilidad social, marginación y migración hacia áreas urbanas o al extranjero.
Para la legisladora se estima que en 2030 la disponibilidad de agua descienda por debajo de 3 mil metros cúbicos por habitante al año, muy por debajo de la disponible en la década de los 70, y advirtió que queda poco tempo para emprender acciones efectivas contra el desabasto, el cual es presionado aún más por la mayor demanda de la población y de la industria.