Las legisladoras de morena, María José Pérez Domínguez y Susana Estrada Rojas, propusieron, por separado, modificar el inicio y término de las administraciones municipales, para que los gobiernos entrantes aprueben su presupuesto de egresos en su primer año de gestión, así como que los ayuntamientos desarrollen proyectos de forestación y reforestación urbana. 

Mediante reformas a la Constitución, a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral, todos estatales, la parlamentaria María José Pérez planteó que los ayuntamientos inicien su periodo el 5 de septiembre del año de las elecciones municipales ordinarias y concluyan el 4 de septiembre del año de las elecciones para su renovación.

Actualmente los ayuntamientos inician su administración el 1 de enero y concluyen el 31 de diciembre, y los cabildos deben aprobar su presupuesto de egresos a más tardar el 20 de diciembre.

La diputada puntualizó que, al entrar en funciones el 5 de septiembre, los ayuntamientos tendrán tiempo, previo al inicio del año fiscal entrante, para construir e implementar las políticas públicas propuestas durante sus campañas electorales.

Al considerar que la reforma aplicará para los ayuntamientos electos en el proceso ordinario de 2027, cuyo periodo corresponderá del 1 de enero de 2028 al 4 de septiembre de 2030, las o los alcaldes próximos inmediatos otorgarán fianza expedida por una institución de crédito autorizada a la Secretaría de Finanzas, por una cantidad equivalente a los egresos comprendidos entre agosto a diciembre durante su gestión. Esta medida pretende que los gobiernos entrantes cuenten con los recursos suficientes para el funcionamiento de la administración.

También se propone que en la elección y la integración de los ayuntamientos se respeten los principios de igualdad y equidad, garantizando la paridad de género. 

Por otro lado, la parlamentaria Susana Estrada Rojas propuso reformas a la Ley Orgánica Municipal estatal para que los ayuntamientos destinen presupuesto al desarrollo de proyectos de forestación y reforestación urbana en espacios públicos e infraestructura municipal.

Lo anterior, explica la propuesta, será procurando la generación de empleos para los grupos vulnerables en trabajos de conservación y mantenimiento de áreas verdes, así como el levantamiento de registro y evidencias fotográficas de las actividades realizadas. La proponente puntualizó que la reforma planteada no implica un incremento presupuestal, sino que los ayuntamientos destinen mayores recursos a la conservación del medio ambiente.

Destacó que la forestación y reforestación urbana es una política pública local y viable para mejorar la calidad de vida de más de 17 millones de mexiquenses, mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la calidad del aire, control del suelo, aumento de la biodiversidad, reducir la contaminación acústica y crear ciudades más sostenibles.