En nombre del grupo parlamentario de Morena, la diputada Beatriz García Villegas propuso derogar preceptos del Código Penal del Estado de México que atentan contra el derecho de las personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y las criminalizan de manera injustificada.
En sesión deliberante, la legisladora expuso que se busca derogar el artículo 252 del Código Penal del Estado de México que actualmente establece penas de seis meses a dos años de prisión en contra de quien, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otro por cualquier medio de transmisión.
Para la legisladora, aunque en primer momento este artículo podría encaminarse a proteger la salud general de las personas, la realidad es que ha sido la vía idónea para criminalizar a las personas portadoras de VIH y ha institucionalizado la serofobia, entendida como la estigmatización, discriminación y miedo irracional hacia estas personas lo que constituye una violación de sus derechos humanos.
Además, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México señaló que la incorporación de este delito en los códigos penales es producto de prejuicios morales y del desconocimiento del VIH, y que aún se relaciona con la promiscuidad, la homosexualidad, la infidelidad o el uso de drogas, ideas que se encuentran fuera del pensamiento científico, por lo que la primera entidad que lo derogó fue Aguascalientes, posteriormente Nayarit y recientemente la Ciudad de México.
La legisladora dio a conocer que la Secretaría de Salud Federal registró en 2023 aproximadamente 13 mil 489 nuevos casos en el país y en el Estado de México sumó mil 818 personas, en un contexto en el que el VIH, al igual que virus como la gripe o el covid-19, no tienen una cura definitiva, aunque se ha demostrado que la terapia antirretroviral puede controlarlo y la esperanza de vida puede llegar a ser casi la misma que la de alguien que no lo ha contraído.
La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.