La fiscalización del Salario Rosa, la deuda pública y los criterios para elaborar el programa anual de fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), fueron algunos de los temas abordados por las y los diputados al iniciar el análisis del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del Estado de México 2020, en presencia de la titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez.
En reunión de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, presidida por la diputada Evelyn Osornio Jiménez, las legisladoras Azucena Cisneros Coss y Karina Labastida Sotelo, así como los diputados Daniel Andrés Sibaja González e Isaac Martín Montoya Márquez solicitaron información de las observaciones por más de dos mil 669 millones de pesos (mdp) en los 11 pliegos de observaciones al programa Salario Rosa, así como del nivel de crecimiento de la deuda de la administración estatal actual.
También preguntaron por las obras realizadas con el endeudamiento por seis mil mdp autorizado en 2020 al Ejecutivo estatal, por las sanciones a la Fiscalía General de Justicia de la entidad derivadas de irregularidades en su cuenta pública, detalles de lo fiscalizado al Instituto de Salud del Estado de México, el Programa de Apoyo al Desempleo y la Junta de Caminos estatal y sobre los entes que adeudan al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
La legisladora Evelyn Osornio indicó que de la revisión de la Cuenta Pública del Estado de México 2020 fueron auditoras 94 de 547 entidades fiscalizables, de las cuales 47 son estatales y 47 municipales.
En sus intervenciones, la legisladora Karla Aguilar Talavera y los legisladores Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Guillermo Zamacona Urquiza e Iván de Jesús Esquer Cruz, preguntaron por los criterios para elegir a los entes que fiscaliza el OSFEM y criticaron que al programa Salario Rosa se le hayan dedicado dos auditorías especiales durante 2019 y 2020 cuando representa 0.97% del presupuesto total de la entidad.
Señalaron que existen cantidades diferentes respecto a las recomendaciones y a los montos por aclarar por el Ejecutivo, cuestionaron si hay valoraciones subjetivas en los señalamientos de documentación presuntamente falsa sin contar con peritajes y defendieron el manejo de la deuda estatal al considerar la cantidad poblacional y la evaluación de las calificadoras internacionales.
El legislador Román Francisco Cortés Lugo pidió detalles de la normatividad de las auditorías tecnológicas e información del programa anual de metas del Poder Legislativo, en tanto que la diputada María Luisa Mendoza Mondragón requirió saber si había alguna responsabilidad de personas servidoras públicas por las observaciones al Salario Rosa, los montos ejercidos por el programa Valentina, de la Comisión de Atención a Víctimas estatal y si el Poder Legislativo ha tenido alguna observación.
La auditora compartió que el OSFEM cuenta con 300 auditores para fiscalizar 400 mil mdp por lo que se tiene que realizar el trabajo a través de muestras, aunque reconoció que es necesario fortalecer el andamiaje jurídico en la materia; indicó que la fiscalización al Salario Rosa aún no concluye y se privilegia la presunción de inocencia.
Acompañada de su equipo de trabajo, señaló que el Ejecutivo no detalló las obras que realiza con el monto del endeudamiento e indicó que existen 45 resoluciones administrativas, de las cuales al menos 17 han derivado en sanciones a servidores públicos, desde la inhabilitación de entre 10 a 20 años hasta suspensiones, destituciones y sanciones económicas.