Por unanimidad, la Comisión para el Combate a la Corrupción de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por el diputado Gerardo Pliego Santana (morena), aprobó un listado de nueve personas que consideró idóneas para integrar la Comisión Estatal de Selección (CES), que nombrará el Comité de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema Estatal Anticorrupción.

El dictamen correspondiente se turnará a la Junta de Coordinación Política, presidida por el parlamentario José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), para su programación y votación en el pleno legislativo. 

Con base en las entrevistas, la Comisión determinó que las personas candidatas mejor evaluadas en el ámbito académico fueron: Javier Barrientos Vargas, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Zoila Román Espinal, Manfred Núñez Solorio y José Javier Niño Martínez. 

En tanto que, por las organizaciones de la sociedad civil, fueron: Perla Flor Lagunas Ocampo, Sergio Giovanni Espinoza Flores, Alejandra García Benhumea y Leticia Penélope Martínez Ballesteros.

Esta lista se conformó con base en las propuestas realizadas por instituciones académicas y de investigación, y de organizaciones de la sociedad civil, con las que se registraron 25 personas aspirantes, y de las cuales se 24 se presentaron a entrevista. 

Con lo anterior, la Comisión da cumplimiento al marco jurídico estatal en la materia, que dispone la integración de la CES, conformada por nueve personas con experiencia en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, dado que es un proceso que le corresponde realizar a la legislatura. 

De acuerdo con el dictamen, leído por la parlamentaria Yareli Anai Esparza Acevedo (PT), el combate a la corrupción ocupa un lugar prioritario en la agenda pública federal, estatal y municipal, pues se trata de una de las más graves problemáticas que afligen a la sociedad, y que constituye un reto para las autoridades en los distintos órdenes de gobierno.

Adicionalmente, expone que el CPC contribuye al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, facilita la vinculación con las organizaciones sociales y académicas, y propone políticas públicas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.