Por unanimidad, el Congreso local solicitó a la gobernadora del Estado de México recurra al Presupuesto para Desastres Naturales 2024 para la mitigación de los incendios forestales y proporcionar a brigadistas que los combaten equipos de protección personal y capacitación, que garantizan su seguridad y mejora su capacidad de respuesta ante la emergencia.
Conforme al punto de acuerdo, en lo que va del año, el Estado de México ha sido testigo de más de 500 incendios forestales que han arrasado con más de cinco mil hectáreas de tierra y han cobrado vidas, entre ellas, de valientes combatientes como Rodolfo Santamaría Díaz Leal, Fernando Arroyo López, Juan Díaz de Jesús, Leobardo Arroyo González y Jesús Miranda Aguilar, en memoria de quienes el Pleno rindió un minuto de silencio.
El documento aprobado indica que este año los incendios forestales han afectado 55 municipios mexiquenses, y al primero de abril, según reportes de la Protectora de Bosques, se encontraban activos y en combate seis en: Cerro del Aire, municipio de Ocuilan; Ejido Zaragoza, en Tenango Delvalle; Ahuatepec, en Otumba; Techuchulco, en Chalco; Ejido San Bartolo, en Amanalco; y en Cerro Cuate, en Villa Guerrero.
De acuerdo con el exhorto, para este año se cuenta con un presupuesto de cien millones de pesos destinado a desastres naturales, siendo así una inversión crucial para minimizar las afectaciones comunitarias y económicas por los incendios forestales.
*Impulsan protección de terrenos forestales afectados por incendios*
Favorecer la permanencia y regeneración de los terrenos forestales afectados por incendios, sequías o tala clandestina, entre otros factores, son propósitos de la iniciativa que plantea prohibir al Ejecutivo estatal y a los municipios otorgar autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales o áreas verdes dañadas, sin que hayan pasado 20 años y se haya acreditado ante la Secretaría del Medio Ambiente que la vegetación forestal afectada se ha regenerado.
La propuesta de reforma a los códigos Administrativo y para la Biodiversidad estatales, expone que en los programas de ordenamiento ecológico se señale que, al menos en 20 años, no se pueda hacer usos de suelos forestales y de áreas verdes de valor ambiental donde la pérdida de cubierta vegetal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte.
Turnada a las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático plantea que la planeación y regulación del ordenamiento territorial del Estado deberá establecer políticas públicas para inhibir los cambios de uso de suelo en terrenos forestales o áreas verdes de valor ambiental donde la pérdida de cubierta vegetal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte hasta permitir su regeneración.