El Congreso del Estado de México solicitó a los titulares de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia, del Estado de México, que, en ejercicio de sus atribuciones, de manera coordinada apliquen las políticas de investigación, dictando las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden público y los derechos humanos garantizando el funcionamiento del C5, y de los C4 en colaboración con los municipios.
Dichas actividades, indica el punto de acuerdo aprobado por unanimidad, deberán guiarse por los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos con perspectiva de género.
El acuerdo, impulsado por el diputado Max Agustín Correa Hernández (Morena), en atención a denuncias de la ciudadanía de Tlalnepantla en el sentido de que no se atienden ni reportan todos los delitos, solicita a la Secretaría de Seguridad corroborar si cada homicidio, robo o delito son registrados o no por la Fiscalía General de Justicia del Estado; y también solicita a la Secretaría de Seguridad aplique una auditoría de funcionamiento a las cámaras de vigilancia C-5 y C-4 en coordinación con los municipios.
Conforme al punto de acuerdo, esta situación contrasta con lo que señalan los gobiernos municipales que operan con simulación y ventajismo, pues hasta son premiadosa nivel internacional por tener bajos índices de seguridad, cuando en los hechos se padece todos los días y a toda hora.
Por la bancada del PAN, los legisladores Francisco Javier Santos Arreola y Alonso Adrián Juárez Jiménez, se sumaron al exhorto, pero rechazaron responsabilizar a un solo municipio, y pidieron no politizar los temas de seguridad.