Con la aprobación unánime de reformas a 11 leyes estatales con lo que se busca erradicar el feminicidio y feminicidio Infantil, violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres, violencia sexual, así como atender a niñas y niños en condiciones de orfandad por feminicidio, impulsadas por las 37 legisladoras locales, el Congreso mexiquense se convirtió en el primero del país en concretar en materia legislativa los esfuerzos impulsados por ONU Mujeres a través de la Iniciativa Spotlight.
El dictamen de reformas, expuesto por la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), quien señaló que la Legislatura mexiquense reafirma con acciones contundentes su compromiso con la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, son resultado del Memorando de Entendimiento entre la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la LXI Legislatura, suscrito en noviembre de 2021 en el marco de la Iniciativa Spotlight para prevenir y eliminar el feminicidio, en cuya implementación intervienen el gobierno mexicano, grupos de la sociedad civil y seis agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
De esta forma el Estado de México es el primero del país en concretar en materia legislativa los esfuerzos impulsados desde la Iniciativa Spotlight en tres entidades federativas de México cuyas tasas de feminicidio y violencia contra las mujeres y las niñas son las más elevadas: Chihuahua, Estado de México y Guerrero; para lo cual contó con las aportaciones de instituciones de los gobiernos estatal y federal, sociedad civil, familiares de víctimas y los grupos parlamentarios del Congreso local.
Previo a la aprobación del paquete de reformas, las diputadas Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), Ana Karen Guadarrama Santamaría (PRI), María Elida Castelán Mondragón (PRD), Silvia Barberena Maldonado (PT), María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), Juana Bonilla Jaime (MC) y Mónica Granillo Velazco coincidieron en la relevancia de las reformas para lograr un cambio sustancial, vertical y transversal en la protección a las mujeres mexiquenses, pues coincidieron en que es momento de levantar la voz, de decir ya basta y marcar un alto a la impunidad, de abonar a la conciencia colectiva en favor de la justicia y la igualdad.
Las reformas buscan incidir en las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, centradas en la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, para que las autoridades lleguen a tiempo, que se atienda la violencia desde la infancia, que de la seguridad pública se mire desde una perspectiva de género e interseccional, para transformar y atender las causas estructurales de la violencia de género.
Entre las acciones que se realizarán con las reformas destacan: impartir a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capacitación sistemática, especializada, permanente y acreditable, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, encaminada a efectuar con la debida diligencia la conducción de la investigación y procesos penales, especialmente tratándose de los delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, desaparición de personas y trata de personas.
Iniciar la carpeta de investigación, de oficio y sin demora, en todos los casos en que tenga conocimiento de delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, trata de personas y desaparición de personas; determinar de manera inmediata las medidas de protección que correspondan; evitar una victimización secundaria o el uso de estereotipos discriminatorios que obstaculicen a las víctimas el acceso a la justicia.

Establecer políticas públicas del orden municipal y estatal para la prevención de la violencia sexual en los ámbitos social, comunitaria, situacional y psicosocial; establecer la obligación de indemnizar a las víctimas cuando las autoridades no actúen en casos de violencia contra las mujeres y ello derive en feminicidio; incluir en el Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar medidas especiales relacionadas con la prevención de actos de acoso y abuso sexual en el espacio escolar, entre otras.
El paquete de iniciativas aprobadas, que concentraron la participación de 45 organizaciones civiles y 100 personas servidoras públicas en el análisis de 815 propuestas, incluyen la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley de la Fiscalía General de Justicia; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
Asimismo: Ley de Seguridad; Ley de Víctimas; Ley de Movilidad; Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana; Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar; y la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, todas del Estado de México.