Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos del Congreso local aprobaron por unanimidad sancionar con penas de prisión a quien, sin causa justificada, impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de las y los usuarios, así como en contra de quien la explote o comercialice.
La reforma al Código Penal del Estado de México en materia de robo y sustracción de agua de la infraestructura hidráulica del Estado de México y de los municipios fue impulsada por las legisladoras Elba Aldana Duarte, Azucena Cisneros Coss y Luz Ma. Hernández Bermúdez y por los legisladores Daniel Andrés Sibaja González y Faustino de la Cruz Pérez, todos en nombre del grupo parlamentario de Morena.
Las modificaciones también establecen prisión en contra de quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal o municipal, para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios conforme a la ley en materia del Estado.
Asimismo, incluye sanciones en contra de quien, sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios señalados en la ley en la materia, posea, explote, comercialice y negocie agua potable sustraída de la infraestructura hidráulica, con penas que irán en aumento conforme aumente la cantidad de agua extraída, además de considerar sanciones en contra del propietario, arrendatario o poseedor de algún predio donde exista una toma clandestina y no la denuncie.
En reuniones previas, presididas por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), los legisladores Daniel Sibaja y Faustino de la Cruz subrayaron que la iniciativa surgió a raíz de que en Ecatepec se han detectado cinco tomas clandestinas de robo industrial del líquido y que el huachicoleo de agua está a cargo de una organización delictiva que ya puso en situación de emergencia a Ecatepec.
En estas mesas de trabajo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se pronunció a favor de esta reforma porque abona al combate de la sustracción ilegal del agua y el Estado sí tiene facultades para combatir esta situación porque lo respalda la Ley de Aguas del Estado de México y Municipios y el suministro se hace a través de la infraestructura hídrica estatal.