Al referir que en la entidad se estima que más de 273 mil menores trabajan, la legisladora Mónica Miriam Granillo Velazco propuso reformas para integrar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación, ambas de la entidad, los conceptos de trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil, con el objetivo de precisar su prohibición y reforzar la educación para erradicar estas prácticas.
En sesión deliberante, la legisladora indicó que aun cuando la normatividad establece restricciones específicas para el empleo de menores, aún prevalecen condiciones infrahumanas, especialmente en zonas en donde la pobreza es un factor determinante y las y los niños trabajan por supervivencia y la de sus familias, además de que en muchos casos adultos sin escrúpulos se aprovechan de su vulnerabilidad.
La iniciativa detalla que las y los menores con discapacidad y sin discapacidad gozan del derecho a la protección contra el trabajo infantil, por lo que las autoridades estatales y municipales deberán velar para que nadie obtenga un beneficio económico, a través de su explotación laboral en calles, avenidas, ejes viales, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación.
También plantea que se deben impulsar programas de formación e información para padres y madres de familia, cuidadores y tutores con el objetivo de concientizar sobre el impacto del trabajo infantil, así como para la reflexión respecto a que, a largo plazo tendrá mayor retribución educar que hacerlos trabajar.
La propuesta conceptualiza las peores formas de trabajo infantil como aquellas actividades que someten a las niñas, niños y adolescentes a la explotación por parte de adultos y que ocasiona daño inminente e irreversible en su desarrollo físico, mental, emocional y moral; mientras que el trabajo infantil quedará definido como todo trabajo que priva a los niños de su potencial y su dignidad, y que es perjudicial mental, física, social o moralmente, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se realiza e interfiere con su escolarización o trunca su pleno desarrollo.
Corresponderá el análisis de la iniciativa a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Primera Infancia.