Comunicado 1328
15 de Noviembre 2022
Denuncia electrónica y anónima por malversación de programas sociales
- Se busca evitar represalias contra los denunciantes, indicó.
- La denuncia popular podrá presentarse por escrito, vía telefónica o medios electrónicos: Sergio García Sosa.
A fin de facilitar el acceso a la justicia y posibilitar la investigación y sanción ante el mal uso de programas sociales, el legislador Sergio García Sosa, coordinador parlamentario del PT, propuso reformas a la Ley de Desarrollo Social estatal para que la denuncia popular pueda presentarse por escrito, vía telefónica o por medios electrónicos, la cual podrá ser anónima.
Con lo anterior, cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría Social por escrito, vía telefónica y por medios electrónicos los hechos que a su juicio impliquen incumplimiento de obligaciones, de las personas, así como de las y los servidores públicos sujetos al cumplimiento de la ley para que las autoridades competentes determinen si existe o no responsabilidad administrativa, e impongan las sanciones correspondientes en su caso.
El legislador explicó que su propuesta, que se analizará en la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, propone que la denuncia pueda ser anónima y se sujete únicamente a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, para evitar posibles represalias en contra de las personas que denuncian, como el retiro del beneficio del programa.
Con lo anterior, cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría Social por escrito, vía telefónica y por medios electrónicos los hechos que a su juicio impliquen incumplimiento de obligaciones, de las personas, así como de las y los servidores públicos sujetos al cumplimiento de la ley para que las autoridades competentes determinen si existe o no responsabilidad administrativa, e impongan las sanciones correspondientes en su caso.
El legislador explicó que su propuesta, que se analizará en la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, propone que la denuncia pueda ser anónima y se sujete únicamente a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, para evitar posibles represalias en contra de las personas que denuncian, como el retiro del beneficio del programa.