El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas a los códigos penal y civil que prohíben el matrimonio forzado de menores de edad sin excepciones, por lo que su coacción será sancionada con penas de hasta cuatro años de cárcel y será impedido cuando sea concertado por tradiciones, usos, o costumbres que coaccionen la voluntad de la o del contrayente, vulneren su dignidad y libre desarrollo personal.
Correspondió a la diputada Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM) exponer el dictamen que conjuntan la propuesta que presentó con la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora del Verde Ecologista; así como la presentada por las diputadas María Elida Castelán Mondragón y Viridiana Fuentes Cruz, y el diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD.
Las reformas al Código Penal establecen que se impondrán penas de prisión a quien obligue o induzca a menores de edad o quienes no tengan la capacidad para comprender el hecho a establecer una relación para vivir y hacer vida en común sin fines de lucro o a cambio de un pago en efectivo o en especie.
Las sanciones aplicarán aun cuando las y los responsables sean los padres o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, además de que se modificó el Código Civil para incluir como impedimento para contraer matrimonio que sea concertado por tradiciones, usos, o costumbres.
Durante su aprobación, la diputada Paola Jiménez Hernández (PRI) afirmó que el matrimonio forzado, y específicamente el infantil, despoja a las niñas de su infancia pone su vida y su salud en peligro, por lo que además de las infracciones previstas en el ámbito penal, en materia civil se incluyó entre los impedimentos para el matrimonio los usos y costumbres pues los derechos humanos no pueden negociarse bajo ningún argumento.
La legisladora refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Estado de México, Chiapas y Veracruz residían una de cuatro mujeres adolescentes casadas o unidas durante el año 2020 en todo el país y consideró que sería enfermo creer que una niña prefiere un matrimonio antes que estudiar, o atender un hogar antes que cumplir sus sueños.
En su oportunidad, la diputada Viridiana Fuentes dijo que el matrimonio infantil constituye una de las grandes violaciones a los derechos humanos de la niñez porque afecta gravemente su vida, salud, educación e integridad por lo que son condicionados a una vida en donde no se les permitirá cumplir sus sueños ni gozar de una vida feliz.
Entre sus consecuencias señaló el embarazo temprano, violencia sexual y de género, deserción escolar, trabajo infantil y migración, por lo que las reformas aprobadas prohíben que quienes tengan trato con niñas niños y adolescentes permitan u obliguen a contraer matrimonio y uniones tempranas, sin excepción alguna.