El Congreso mexiquense solicitó al gobernador Alfredo del Mazo Maza dar cumplimiento a las recomendaciones 97/2019 y 98/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se reglamente la supervisión de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), y gire instrucciones al Secretario de Seguridad para dar cumplimiento a la verificación y capacitación de este cuerpo de seguridad bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Conforme a la propuesta de la diputada Azucena Cisneros Coss, aprobada por unanimidad, la primera recomendación, dirigida al mandatario mexiquense, trata sobre las violaciones a derechos humanos a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la seguridad jurídica en agravio de todas las víctimas, por acciones y omisiones de autoridades en relación con la actuación del CUSAEM en el estado de Guanajuato.
La segunda recomendación se refiere a violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la vida, a la integridad personal, atribuibles a elementos de los cuerpos de guardias y vigilantes auxiliares de la entonces Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana; y al de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a elementos de los Cuerpos de Guardias y Vigilantes Auxiliares, organismos auxiliares de la entonces Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, ahora Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Ambas recomendaciones, explicó la legisladora, solicitan al Ejecutivo reglamentar los mecanismos de supervisión de los CUSAEM, para que puedan ser auditados; verificar que los elementos de CUSAEM a quienes se les haya autorizado portar armas de fuego, cumplan con los requisitos y condiciones previstos en la normatividad aplicable; y se emita un Protocolo del Uso de la Fuerza para los Cuerpos de Seguridad conforme a la ley, entre otras.
La falta de legalidad en la regulación y supervisión de los CUSAEM, abundó, ha permitido que esta corporación opere con total impunidad, sin rendir cuentas, y sin que se fiscalicen sus ingresos, pese que existen diversas denuncias presentadas en su contra por violación a derechos humanos y presuntos hechos delictivos.
Llaman a que municipios supervisen la operación de los corralones
El Congreso local solicitó al titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Cuautitlán, a la Secretaría de Movilidad y en general a los 125 municipios a supervisar que los depósitos vehiculares a su cargo, se apeguen a la normatividad y garanticen el actuar de su personal con estricto respeto a los derechos humanos de las y los usuarios.
Para el caso especifico de Cuautitlán, el legislador Jorge García Sánchez expuso que sus residentes han denunciado que el corralón que ahí opera es un espacio para abusos de autoridad, extorsión y de violación a los derechos humanos, ya que actualmente y de manera indebida quienes así son llevados junto con sus vehículos son incomunicados, además de negárseles el acompañamiento de alguna persona que pueda asesorarles legalmente.
En este punto el diputado Francisco Brian Rojas Cano, quien pidió incluir a todos los municipios mexiquenses y a la citada secretaría, explicó que los abusos en contra de las y los conductores se registran en todo el territorio mexiquense, no sólo en Cuautitlán, y recordó que este día transportistas de Valle de México se manifestaron en contra de la corrupción y extorsiones de la autoridad en la materia.