Los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRD, PT, NA y MC en el Congreso local cuestionaron los resultados del Cuarto Informe de gobierno en materia de seguridad pública, principalmente feminicidios, violencia de género, trata de personas, secuestros, extorsión, corrupción y robo en el transporte público, mientras que el PRI solicitó información sobre el trato a mujeres privadas de su libertad y la coordinación de corporaciones policiacas, y el PVEM requirió avances sobre el uso de tecnología para proteger a la ciudadanía.
Durante la comparecencia del secretario de Seguridad, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, la diputada Beatriz García Villegas (Morena) solicitó información sobre las acciones contra los feminicidios, abuso sexual, trata de personas, secuestro, extorsión, corrupción y robo en transporte público, así como en lo realizado en los municipios con alerta de género, y llamó al titular del Ejecutivo estatal a no cambiar constantemente al titular de la Secretaría de Seguridad para darle mejores resultados a la ciudadanía.
Por su parte, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez cuestionó la corrupción dentro del sistema de seguridad, por qué obligan a las corporaciones a capacitarse en la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia, así como la situación de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares de la entidad, y sostuvo que la Comisión Especial del Sistema Penitenciario coadyuvará a combatir la corrupción en los reclusorios.
Del PRI, la legisladora Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera y el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado, solicitaron información de las acciones implementadas en los centros penitenciarios estatales para garantizar que las mujeres privadas de su libertad tengan una instancia digna y para combatir la delincuencia, y sobre la coordinación entre la policía estatal, las policías municipales, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia estatal.
Durante la sesión presidida por la diputada Ingrid Schemelensky Castro, a nombre de la bancada del PAN, los diputados Román Francisco Cortés Lugo y Francisco Javier Santos Arreola preguntaron sobre lo realizado en materia de videovigilancia, seguridad en los cajeros automáticos y en el transporte público y de carga, y cómo ha afectado el recorte a 43 municipios mexiquenses de cerca de 600 millones de pesos para seguridad provenientes de participaciones federales.
El coordinador parlamentario del PRD, el legislador Omar Ortega Álvarez, cuestionó qué se debe hacer para que la entidad deje de ubicarse en los primeros lugares a nivel nacional en diferentes índices delictivos, particularmente en feminicidios; además, demandó datos de la capacitación de las corporaciones y cómo detener la extorsión, y preguntó qué se hace para aminorar la percepción de inseguridad en zonas metropolitanas y para sensibilizar a la sociedad sobre el modelo integral de reinserción.
Del PT, la legisladora Silvia Barberena Maldonado preguntó sobre los mecanismos de seguridad pública para generar un clima de mayor seguridad y protección a las mujeres, pues la entidad es primer lugar en feminicidios y cuenta con ocho de los municipios con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, y demandó acciones para para proteger a los transportistas de la inseguridad.
Al lamentar cifras negativas en general en materia de seguridad, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del PVEM, solicitó información sobre el uso de la tecnología para proteger a la ciudadanía y denunció que elementos de tránsito extorsionan a la población en zonas rurales.
El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Martín Zepeda Hernández, requirió datos de las acciones contra la violencia de género y del Modelo de Medidas y Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, resultados de la Policía de Investigación Cibernética en materia de trata o pornografía infantil, en tanto que su compañera de bancada, la legisladora Juana Bonilla Jaime, señaló que no coincidieran las cifras del informe del gobernador y de la Fiscalía General de Justicia, y preguntó cómo cumplirán las observaciones en materia de derechos humanos en los centros penitenciarios.
Además de sumarse a las quejas por extorsiones y corrupción de la policía estatal, la legisladora Mónica Miriam Granillo Velazco (NA) preguntó por la participación de la policía en operativos en transporte público, cómo se ha fortalecido la corporación y qué estándares han logrado acreditar.
En respuesta a los cuestionamientos, el secretario Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis aceptó que algunos datos reflejan el incremento de la confianza ciudadana pero aún hay camino por recorrer y destacó el trabajo realizado con la inteligencia para la prevención, la capacidad de reacción y la investigación para las detenciones, además pidió el apoyo del Poder Legislativo para planear, desde el marco jurídico, una solución para combatir los puntos de distribución de los artículos robados, y dio a conocer que 80% de las extorsiones son vía telefónica y que la mayoría proviene de centros penitenciarios federales.