En nombre del grupo parlamentario del PT en el Congreso local, la diputada Trinidad Franco Arpero propuso reformas a la Constitución Política estatal para garantizar el derecho de las y los maestros a contar con mecanismos de estímulos y recompensas que contribuyan a resguardar los derechos que han adquirido y eviten la deserción magisterial.
En sesión deliberante, la legisladora afirmó aproximadamente 208 mil 400 familias dependen de la remuneración de docentes, principalmente mujeres y que los incentivos permiten atraer, retener y motivar docentes altamente calificados, ante el hecho de que ser maestra o maestro ha dejado de ser atractivo y que en los últimos tres años han incrementado las vacantes en todos los niveles.
Al señalar que el Sistema Educativo Estatal suma 248 mil 511 maestros y que en el nivel básico reciben un salario promedio de 8 mil 687 pesos, mientras que en el nivel medio y medio superior el salario promedio es 10 mil 400 pesos mensuales, subrayó la importancia de garantizar constitucionalmente incentivos como el desarrollo profesional y la estabilidad laboral, entre otros, que contribuyen a proteger sus derechos ante cualquier reestructuración legal. La iniciativa será analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Respalda GPPRD derecho de iniciativa para las OSC
En nombre del grupo parlamentario del PRD, la diputada María Elida Castelán Mondragón, propuso reformas a la Constitución Política estatal para reconocer y garantizar el derecho de las Organizaciones de la Sociedad Civil a iniciar leyes y decretos a fin de que dar voz en la agenda política y parlamentaria mexiquense a las 2 mil 126 organizaciones de este tipo registradas en la entidad.
En sesión deliberante, la legisladora afirmó que otorgarles este derecho es una forma de ampliar su participación política pues este derecho actualmente solo les ha sido reconocido constitucionalmente en Baja California y Sinaloa.
Elida Castelán destacó el trabajo de estas organizaciones en favor del desarrollo comunitario, la economía popular, la educación, desarrollo de pueblos indígenas, medio ambiente, derechos humanos, salud, seguridad y equidad de género, entre otras, y consideró que existen condiciones para que se sumen a los ocho actores políticos que ya tienen derecho a presentar iniciativas en la entidad. La propuesta fue remitida a dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales