A propuesta de la Junta de Coordinación Política, diputadas y diputados locales de las bancadas de Morena, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, MC y legisladores sin partido cuestionaron los resultados del sexto informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza y aun cuando reconocieron avances en infraestructura, programas sociales y movilidad, señalaron pendientes en materia de seguridad pública, salud, combate a la pobreza, manejo de la deuda pública, además de los retos derivados de los sismos de 2017 y la pandemia de covid-19.
En sesión presidida por la diputada Azucena Cisneros Coss (Morena), las y los diputados aprobaron por unanimidad el formato de análisis propuesta por la Jucopo presidida por el diputado Elías Rescala Jiménez, al que dio lectura la diputada Evelyn Osornio Jiménez (PRI) por el cual se da por cumplido el análisis señalado en la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México.
En nombre de Morena, el diputado Gerardo Ulloa Pérez cuestionó los resultados en materia social, en la que se reportaron 960 unidades de salud rehabilitadas, pero nada se dice de los ocho hospitales inconclusos; que al Instituto Mexiquense para la Discapacidad no se le ha dotado de las herramientas necesarias para ser un ente funcional y que cuenta con personal que por ahora es inoperante. Señaló también el rezago educativo con impacto en pobreza laboral, inequidad en la dotación de servicios y oportunidades educativas, las denuncias por la venta de plazas laborales y rezago en la rehabilitación de la infraestructura escolar dañada por los sismos de 2017.
En materia económica se informa la creación de empleos, pero la entidad no es de las que registre las mejores tasas; es la entidad con la más alta incidencia en robo a transporte, pues 15 de cada cien personas han sido víctimas. El sistema penitenciario, por otra parte, muestra casos de abuso de autoridad y violación de derechos humanos; la deuda pública muestra opacidad en su contratación y en su destino y aunque se afirman mejoras, los números reales no son los del gobierno, por lo que consideró que se debe revisar la situación de la administración pública porque un gobierno basado en apariencias y ocurrencias nunca tendrá resultados fuertes.
En representación de la bancada del PRI, el diputado Enrique Jacob Rocha resaltó que el sismo del 19 de septiembre de 2017 y la pandemia de covid 19 fueron situaciones extraordinarias que afectaron el rumbo, las prioridades y atención del gobierno, aunque, enfatizó que aun así la nueva administración que encabeza Delfina Gómez Álvarez encontró un gobierno con fundamentos sólidos, instituciones modernas y capaces, finanzas sanas y programas sociales que han beneficiado especialmente a los que menos tienen.
Entre los grandes avances de la administración enlistó el mejoramiento de las condiciones de vida de 915 mil mexiquenses que se alejaron de la situación de pobreza; apoyos a más de 700 mil mujeres con su crecimiento personal y empoderamiento productivo; seguridad patrimonial para 48 mil familias con títulos de propiedad, además de inversión en rubros de ciencia y tecnología, educación, infraestructura de salud, cultura, recuperación de espacios públicos, emprendimiento, turismo, obra pública, movilidad, seguridad y acceso al agua.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola, del PAN, sostuvo que el informe es una manifestación clara de la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que su análisis permite evaluar los resultados, reflexionar sobre los logros y los desafíos del gobierno, así como para aprender de los errores y mejorar las políticas públicas. Es una oportunidad, afirmó, para construir puentes entre la ciudadanía y sus representantes para avanzar hacia un futuro justo y próspero, y permite al nuevo gobierno conocer la situación actual y construir sobre los éxitos y logros.
Señaló que aún se existen problemas en el combate a la pobreza, que se redujo, pero es necesario continuar los avances con una política que priorice el bienestar de la población; la educación debe mejorar y elevar su calidad; en salud hubo mejoras pero la calidad de atención médica es un reto; en economía hubo creación de empleos, pero falta garantizar un crecimiento sostenible y acciones para fortalecer el entorno empresarial, como la eliminación de barreras burocráticas y trámites para la creación de empresas, y en seguridad, destacan más de 4 mil nuevos elementos contratados.
El coordinador parlamentario del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez reconoció que entre los aciertos de la administración destacaron la instalación de una política social para aminorar la brecha de la desigualdad, principalmente con las mujeres; la creación de nuevas empresas y la apuesta por el desarrollo industrial; la puesta en marcha de la Ciudad Mujeres y la Policía de Género; entre otros.
Señaló los retos en materia de salud; la crisis de inseguridad y violencia que en mayor medida padecen las mujeres; la precariedad laboral; y la economía familiar que no es sostenible; además de que lamentó que no se logró reducir el número de feminicidios, consolidar una política económica ni aumentar el empleo formal.
El diputado Sergio García Sosa, coordinador parlamentario del PT, expuso que la pluralidad e inclusión el Congreso y sus trazos democráticos sirven para el balance equilibrado del informe, el cual deja ver que después de seis años de gobierno se transitó en una misma dirección: se esperaba mucho, dijo, pero las circunstancias no permitieron que la entidad diera el salto necesario al desarrollo, pero en seguridad, desarrollo social y la mejora en la calidad de vida quedaron cortos.
Consideró positiva una mayor y mejor infraestructura, rehabilitación de espacios públicos, creación de parques de la ciencia y ciudades de mujeres, instauración de la policía de género como legado de Alfredo del Mazo Maza, pero se registraron más de 700 feminicidios y mil 700 homicidios, una deuda de 60 mil millones de pesos, inseguridad en el transporte público, falta de agua, falta de fondos al Issemym, un salario rosa clientelar, mayor pobreza y más pobres. Sentenció que las cifras no se ajustan a confianza de mexiquenses y reconoció que el anterior Ejecutivo no intervino en las elecciones que trajeron el cambio.
Al afirmar que cuando existe un pendiente no se puede hablar de una misión cumplida, la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del Verde Ecologista, criticó que no se completó el objetivo de la administración estatal porque las mujeres no pudieron satisfacer sus necesidades básicas ni mejorar su calidad de vida, ya que refirió que en el primer trimestre de 2023 hubo más de 107 mil mujeres mayores de 15 años sin empleo.
Cuestionó el hecho de que el programa Salario Rosa solo benefició a 700 mil mujeres de las casi nueve millones; que se dejaron hospitales inconclusos; que el campo quedó olvidado y desprotegido; y que aún hay pendientes obras por concluir.
La legisladora Juana Bonilla Jaime, de Movimiento Ciudadano, señaló que el gobierno anterior se quedó corto en la solución de muchos problemas estatales. Expuso que es necesario saber si los 17 millones de mexiquenses se sienten seguros, si sus ingresos les alcanzan, si las vialidades son aptas para transitar en ellas, si la educación que reciben sus hijos les ayuda a ser mejores ciudadanos, si las mujeres pueden regresar sanas y seguras a sus casas.
Al reconocer que la pandemia y el sismo de 2017 afectaron a la administración, señaló que las decisiones para enfrentar sus impactos y consecuencias fueron del Ejecutivo, y apuntó que, si bien se implementaron programas en lo social, el Coneval señala que avanzó la pobreza en la entidad, con más de un millón de personas en pobreza extrema; en educación donde hubo recursos se registran rezagos en educación básica en matemáticas y lectura; en economía se registró mayor inversión extranjera y creación de empleos, pero 76 por ciento de ocupados no tienen un salario que garantice estabilidad y desarrollo; y en comunicaciones el tema del puente del periférico que comunica con Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán, nunca fue resuelto, además que los caminos del sur no se concluyeron.
La legisladora sin partido Mónica Miriam Granillo Velasco reconoció como logros de la administración los programas sociales para beneficiar a la población vulnerable, la ampliación de matrícula escolar en todos los niveles, el incremento de la inversión empresarial y el fortalecimiento del sistema del transporte público; mientras que indicó que se dejaron pendientes en materia de seguridad, salud, educación de calidad y excelencia, derecho a una vida digna y el campo.
Reconoció que la gestión del gobernador Del Mazo atravesó por desafíos sin precedentes como la pandemia por covid-19 y la transición democrática a nivel nacional, por lo que valoró el esfuerzo del mandatario y su vocación democrática que generó una estabilidad política en la entidad durante seis años, pues dijo que hizo a un lado las diferencias para convertirlas en oportunidades en beneficio de la población.
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