El grupo parlamentario de Morena, a través del diputado Marco Antonio Cruz Cruz, propuso reformas para evitar el despido de servidoras públicas embarazadas o que hayan concluido el periodo de 90 días naturales que se le otorga para el parto, con lo que se busca salvaguardar sus derechos laborales y evitar que sean víctimas de discriminación.
La propuesta de reforma a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios prohíbe a las y a los titulares de instituciones públicas, apoderado legal o representante, despedir o coaccionar a una mujer en estado de gravidez, pues esto atenta contra el derecho humano reproductivo de las mujeres.
Remitida a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la iniciativa expone que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre 2007 y 2012 se recibieron 685 quejas de mujeres que fueron víctimas de estos hechos, y que en cerca de 20% de los casos se trató de servidoras públicas.
Proponen que deudores alimentarios no ocupen cargos en la FGJEM
En nombre del grupo parlamentario de Morena, la legisladora Edith Marisol Mercado Torres propuso reformas a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para establecer que no podrán desempeñarse como Ministerio Público, policía de investigación o facilitador en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias aquellas personas que sean consideradas deudoras alimentarias morosas.
De acuerdo con la legisladora, esta iniciativa busca que la ciudadanía acceda a la justicia mediante personal profesional y especializado, especialmente cuando hay menores de edad involucrados, ya sea como víctimas, testigos o como menores infractores.
En este sentido, para ingresar a cualquiera de las plazas anteriores, plantea que se deberán acreditar conocimientos en materia de derechos de la infancia y violencia de género y dar cumplimiento a los derechos de las y los menores y de la familia cuando así sea mandatado por resolución judicial en el ámbito personal.
Además, quienes aspiren al cargo de agente del Ministerio Público no deberán tener condena por delito doloso mediante sentencia firme y quienes deseen ser facilitadoras en mecanismos alternativos de solución de controversias deberán tener conocimientos en técnicas de atención al público, así como de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. La iniciativa se remitió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.