Diputados y diputadas de Morena, PRI y PVEM en el Congreso mexiquense respaldaron la propuesta del magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, para crear una Sala de Asuntos Indígenas que contribuya la igualdad sustantiva entre la ciudadanía y materialice los compromisos con los pueblos originarios.
Por ello, en reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia y Asuntos Indígenas del Congreso local, presidida por el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), se acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política que el 23 de febrero se agende una reunión para presentar el dictamen de la iniciativa.
Las diputadas y los diputados Gerardo Ulloa Pérez, Ariel Juárez Rodríguez y Faustino de la Cruz Pérez, de Morena; Jesús Izquierdo, Braulio Antonio Álvarez Jasso y Josefina Aguilar Sánchez, del PRI, y María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, coincidieron que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial contribuirá a saldar una deuda histórica con los pueblos originarios con un marco jurídico que privilegie la justicia a los sectores más desprotegidos.
En la exposición de su iniciativa, el magistrado Ricardo Sodi explicó que deriva de una amplia consulta previa, libre, informada, de buena fe y respetuosa de sus costumbres a los pueblos originarios de la entidad: Matlatzinca, Mazahua, Otomí, Tlahuica y Náhuatl.
Detalló que la Sala incluirá entre sus atribuciones el dar a conocer los recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales, en donde alguna de las partes se asuma como integrante de algún pueblo originario; emitir opiniones consultivas en asuntos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas al aplicar sus sistemas normativos; y proponer al pleno protocolos de actuación para juzgamiento con perspectiva de interculturalismo jurídico.
Así como conocer y resolver las causas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas que se susciten por incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; conocer de las inconformidades relacionadas con el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo informado de los pueblos y comunidades indígenas.
Al subrayar que la propuesta no tendrá impacto presupuestal y que la Sala se conformará por cinco personas magistradas que se integrará cuando se necesite, Ricardo Sodi compartió que en la encuesta con los pueblos originarios se planteó robustecer el cuerpo de peritos e intérpretes y traductores en lenguas indígenas que intervengan en los juicios; implementar un protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, y normar los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas con la promulgación de una ley en la materia.