En nombre del grupo parlamentario de Morena, la diputada Azucena Cisneros Coss propuso expedir la Ley Para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, la cual busca establecer que la privación de la vida de toda mujer sea investigada como probable feminicidio.
En sesión deliberante, la legisladora Azucena Cisneros señaló que su propuesta busca derogar el tipo penal de feminicidio previsto en el Código Penal y que la privación de la vida de una mujer se investigue de manera inmediata como feminicidio, además de allegarse de los datos mínimos para esclarecer los hechos, por lo que se autoriza al Ministerio Público a utilizar cualquier medio, instrumento o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que no contravengan los derechos humanos y no violenten el orden jurídico.
La proponente criticó que desde 2020 el Estado de México es la entidad con más feminicidios a nivel nacional y con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por violencia contra las mujeres, pues tan solo de enero a junio de este año se han iniciado 7 mil 945 carpetas por lesiones dolosas, 76 por feminicidio, 120 por homicidio doloso y 129 por homicidios culposos contra mujeres, lo cual refleja que solo el 23 por ciento de las muertes de mujeres en la entidad son investigadas como feminicidios, y reprochó que estos son los verdaderos datos del informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza.
Lo anterior, abundó, implica que en la investigación por asesinato de mujeres no se exploren todas las líneas de investigación posibles que permitan obtener datos para el esclarecimiento de los hechos, por lo que su propuesta ayudará a contar con nuevos marcos regulatorios, adecuar los criterios de interpretación judicial e impulsar políticas públicas que hagan frente a los feminicidios como una situación de discriminación y violencia de género.
De acuerdo con la iniciativa, no se considerarán como atenuantes del delito de feminicidio la emoción violenta, irá, provocación por parte de las víctimas, el honor, los celos, las creencias culturales, las costumbres contrarias a los derechos humanos.
Tampoco será excluyente de responsabilidad circunstancias especiales o situaciones excepcionales, como la perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad política interna, suspensión de derechos y sus garantías; además de que las víctimas directas e indirectas, así como las y los testigos, recibirán asistencia material, jurídica, médica y psicológica necesaria por las autoridades estatales en la materia.
La iniciativa, que analizarán las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, incluye la suspensión temporal de la custodia de los menores a cargo del investigado por feminicidio, la cual será ejercida por quien corresponda de acuerdo con el interés superior de la niñez.