Debido a los supuestos efectos negativos del uso de cañones antigranizo en el comportamiento climático, la diputada Leticia Mejía García (PRI) propuso que esta práctica se regule mediante la aplicación de una evaluación de impacto ambiental, ya que personas productoras agrícolas de la región norte han atestiguado, durante años, que afectan los ciclos de la lluvia, ocasionando sequías y perjudicando sus cultivos.

La iniciativa presentada durante sesión deliberante, y que se analizará en comisiones legislativas, explica que, mediante explosiones de gas acetileno y aire, el cañón antigranizo emite ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren en la cristalización del granizo, provocando una lluvia o granizo blando. 

Derivado de lo anterior, muchas personas productoras agrícolas son afectadas, debido a que al usar estos aparatos se evitan las lluvias, dispersando las nubes y ocasionando sequías.

Por esta razón, la propuesta para reformar el Código para la Biodiversidad, el Código Penal y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas estatales, considera como un delito contra el ambiente la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos. 

También, plantea fortalecer políticas y mecanismos efectivos de prevención y restauración por contaminación; que las autoridades estatales determinen la procedencia ambiental y las condiciones del uso de estos dispositivos; y que las personas afectadas formulen propuestas respecto a actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental.