La diputada María Luisa Mendoza Mondragón propuso reformas al Código Penal del Estado de México para castigar el feminicidio con prisión vitalicia y ampliar los criterios que tipifican este delito a fin de estandarizar los criterios y las apreciaciones actualmente subjetivas por parte de quienes imparten justicia y evitar la impunidad.
En sesión deliberante, al lamentar que el Estado de México es donde más feminicidios se cometen y que en 2021 se registraron al menos 145 casos, la legisladora explicó que se considerara que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, esto es, cuando existan antecedentes datos o medios de prueba de que el activo, previo a la privación de la vida, ejerció sobre la víctima cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, comunitario, político o cualquier otro, independientemente de que exista denuncia.
Además, incorpora como criterios para considerar feminicidio que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público; cuando el sujeto activo hubiese obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación, cometido actos de odio o misoginia contra la víctima, infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones a la víctima.
Asimismo, cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de
parentesco por consanguinidad, afinidad, laboral, docente o alguna otra que evidencie desigualdad; el cuerpo haya sido enterrado u ocultado; cuando se actúe por motivos de homofobia y cuando el activo se haya valido de su relación como conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o cualquier otra modalidad.
Así se considerará también cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor, integrante de pueblos originarios, embarazada o sufra discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, o se encuentre en cualquier otra condición especial.
La propuesta será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
Adquisiciones gubernamentales deberán ser con criterios de sustentabilidad
La legisladora Claudia Desiree Morales Robledo propuso reformas a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios para que la Secretaría de Finanzas, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos procuren que los bienes y servicios contratados sean ambientalmente amigables, acción que se considera como una de las más relevantes de los gobiernos para contrarrestar el cambio climático.
La iniciativa señala que las secretarías de Finanzas y de la Contraloría, así como los
ayuntamientos podrán solicitar asesoría técnica de la Secretaría de Medio Ambiente respecto al ciclo de vida de los bienes y servicios requeridos por la administración pública estatal para acreditar que sean ambientalmente amigables.
El documento fue turnado a las comisiones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y de desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero.