En nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Aurora González Ledezma, propuso establecer como un derecho social el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) a fin de reducir la brecha digital e influir positivamente en el desarrollo de las sociedades, desde el crecimiento económico hasta el empoderamiento de personas y de comunidades desfavorecidas.
En sesión deliberante, la legisladora consideró que estado y municipios tienen la disposición, más no la obligación de generar oportunidades para la conectividad tecnológica, y es ahí donde las y los legisladores pueden conferir un derecho a mexiquenses para que el gobierno promueva programas o mecanismos que proporcionen el acceso a las herramientas digitales a grupos vulnerables, y a partir de ello, generar el derecho a la ciencia y la tecnología como parte del desarrollo social.
Consideró que las herramientas tecnológicas son fundamentales para la vida diaria de la ciudadanía, que durante la pandemia comprendió que la comunicación, la educación y los servicios básicos, alimentarios y de salud se consiguen de manera más inmediata y fácil a través de las TICs.
Indicó que dichas tecnologías no están al alcance de todas y de todos, pues mientras en las zonas urbanas de la entidad 84.3 por ciento de la población contó con acceso a internet, en zonas rurales el acceso fue de 68.8 por ciento; diferencia que se refleja en el poco desarrollo de las zonas rurales.
Toda vez que la actualización tecnológica mexiquense depende de una reforma vanguardista que garantice la facilidad del acceso a internet a todos los mexiquenses, las reformas a la Ley de Desarrollo Social buscan equiparar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación como los derechos sociales a la educación, salud, trabajo, alimentación segura, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano y la seguridad social.
La inclusión digital, indicó la legisladora Aurora González, promueve las oportunidades laborales, maximiza las oportunidades educativas y el acceso a la información, mejora la protección contra delitos digitales, mayor aprovechamiento del tiempo, fortalece el campo, mejora servicios públicos e integración social, además de que robustece el gobierno electrónico para brindar mejores servicios a la ciudadanía.