21 de Febrero 2023

Buscan la igualdad jurídica de personas con discapacidad

• El régimen de interdicción de personas con discapacidad es inconstitucional y violenta derechos: Alicia Mercado.
• La legisladora morenista propuso reformas al Código Civil del Estado de México para derogarlo

Porque es inconstitucional, violenta derechos y promueve la discriminación de las personas con discapacidad, la diputada Alicia Mercado Moreno propuso reformas al Código Civil del Estado de México para derogar el régimen de interdicción en las personas con discapacidad en la entidad, pues también contraviene instrumentos internacionales.
En sesión deliberante, en nombre del grupo legislativo de Morena, la legisladora afirmó que la figura de estado de interdicción es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia que no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la cual reconoce el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, sin excepción alguna.
Indicó que, de acuerdo con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las disposiciones previstas en el marco legal local, relacionadas con el juicio y estado de interdicción, contravienen los instrumentos internacionales y los artículos constitucionales que reconocen los derechos de las personas con discapacidad.
Por ello, indicó, la derogación de la figura de la interdicción a las personas con discapacidad es de vital relevancia, ya que no sólo vulnera los derechos de las personas con discapacidad en materia civil sino en todos los ámbitos.
Con esta iniciativa, explicó, se busca que las personas con discapacidad sean tratadas iguales ante la ley, que puedan tomar decisiones, expresar voluntades y preferencias, dotándolas de apoyos que permitan su libre manifestación de voluntad, cumplir con sus obligaciones de manera autónoma y, en su caso, proporcionar las salvaguardas que se requieran para ejercer con plenitud su capacidad jurídica, reconociendo que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad jurídica.
Fue remitida a dictamen de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Atención de Grupos Vulnerables.