En el análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal establecer que toda persona tiene derecho al agua como líquido vital, inherente al ser humano como recurso proveedor de vida y patrimonio social, natural y cultural, el diputado Omar Ortega Álvarez sostuvo que la escasez y desabasto del líquido demandan acciones urgentes sobre todo en el Valle de México y en el sur de la entidad.
En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), Omar Ortega, coordinador parlamentario del PRD en el Congreso local, señaló que de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México hace 30 años había una disponibilidad aproximada de 18 mil m3 de agua por persona y actualmente se estima que esa cifra se redujo a poco de 3 mil 500 m3.
Por ello, el legislador lamentó que intereses particulares se sobrepongan al interés colectivo y que corporativos e industrias acaparen el líquido como una mercancía, pues mientras en 2021 una pipa de agua costaba mil 79 pesos, una concesión para una refresquera ascendía a 2 mil 600 pesos por año. También se solidarizó con la población de Nuevo León y dijo que el Estado de México es uno de las que tienen menor disponibilidad de agua en el país, además de que sufre estrés hídrico y una alta densidad demográfica.
Reconoció avances legislativos al penalizar a quienes impidan el suministro o realicen huachicoleo de agua y llamó a respaldar la reforma constitucional propuesta por su grupo legislativo que también busca establecer que el derecho al agua debe garantizar que el líquido sea accesible, suficiente, asequible y de calidad para todas y todos sin distinción alguna.
Además, propone que el Estado de México asegure el cumplimiento de este derecho y garantice la justicia hídrica, entendida como la capacidad del Estado para proteger las aguas no potables y las potables para el uso humano, además de garantizar la restauración de los daños producidos al líquido y a la infraestructura que lo transporta.
En favor de la justicia hídrica, indicó, su propuesta también busca generar las condiciones para combatir los vicios que aquejan a este derecho y cimentar las bases para futuras reformas y la generación de políticas públicas que ayuden a prevenir una futura sequía.