Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, presididas por el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), iniciaron el análisis de tres iniciativas, dos del grupo parlamentario de Morena y una del PAN, para garantizar constitucionalmente la protección contra el desempleo, con lo cual se beneficiaría a 20 mil familias mexiquenses con 2 mil 500 pesos mensuales durante dos meses en lo que las personas desempleadas consiguen empleo.
En nombre de las y los diputados de Morena, Faustino de la Cruz Pérez, Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana Duarte, Camilo Murillo Zavala y Luz Ma Hernández Bermúdez, el legislador Daniel Sibaja González resaltó que las tres iniciativas, que buscan modificar la Constitución y otros ordenamientos locales, buscan incentivar el empleo formal, transparentar la convocatoria el programa de seguro de desempleo, enfocarla a las personas que perdieron su formal y que la declaratoria para el seguro no sea a través del titular del Ejecutivo de la entidad.
El legislador aseguró que se estima destinar unos 100 millones de pesos anuales para el programa y que se consideren incentivos fiscales para más empresas que contraten a personas desempleadas durante contingencias o emergencias sanitarias
Respecto a su propuesta, el diputado Emiliano Aguirre Cruz explicó que plantea aplicar el seguro en contingencia laboral por desastre sanitario o por epidemia, que su aplicación considere días naturales, que la Secretaría del Trabajo tenga la obligación de realizar la declaratoria de contingencia laboral, que el titular del Ejecutivo destine los recursos suficientes y que se transparente el reglamento y las reglas de operación.
En nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Ingrid Schemelensky Castro explicó que la propuesta también impulsada por el diputado Enrique Vargas del Villar busca proteger el empleo y la economía ante futuras contingencias al establecer constitucionalmente el seguro de desempleo como un derecho para el trabajador formal.
Para ello, pretende establecer incentivos fiscales y promoción de empleo para quien contrate a personas desempleadas durante contingencias o emergencias sanitarias, así como que los beneficios de seguridad social se puedan seguir usando por un periodo determinado.