Para que la aplicación del procedimiento abreviado (como una forma de terminación anticipada del proceso penal) también sea una facultad de las personas imputadas, y no exclusiva del ministerio público, el Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para, en su caso, turnarla al Congreso de la Unión.

La propuesta para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, leída por el legislador Carlos Alberto López Imm (PVEM), explica que, actualmente, si la persona imputada admite voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito, y existen medios de convicción suficientes para corroborarlo, podrá ser sujeta de beneficios legales. Esto ha sido una herramienta eficaz, que facilita una justicia pronta y expedita y reduce la carga de trabajo en el sistema judicial.

No obstante, el procedimiento abreviado, cuya solicitud está restringida al ministerio público, es una desventaja para la persona imputada, pues, aunque esté dispuesta a aceptar su responsabilidad y las consecuencias legales, no puede activar este mecanismo por sí misma, lo cual contraviene principios fundamentales de igualdad, acceso efectivo a la justicia y debido proceso.

De darle esta facultad a la defensa, señala el documento, se reduciría la carga procesal en los tribunales, con la terminación anticipada del proceso, evitando continuar el juicio de forma innecesaria, larga y costosa.