Las comisiones de Familia y Desarrollo Humano y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia del Congreso local aprobaron por unanimidad reformas para brindar mayor certeza al proceso de adopción de menores en la entidad, como la certificación de las personas titulares de las procuradurías municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el perfeccionamiento de la regulación de los centros de asistencia social y de la adopción.
El dictamen, que conjunta las iniciativas presentadas por separado por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, la diputada Ingrid Schemelensky Castro, los legisladores Alonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar, así como por el Ejecutivo estatal, precisan los requisitos para ser titular de las procuradurías de protección estatal o municipales, entre estos, no tener condena por sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género y no estar inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en ninguna entidad.
Para las procuradurías municipales, sus titulares deben obtener calificación aprobatoria de la evaluación teórico-práctica del curso impartido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), así como la certificación de competencia laboral sobre Gestión para la Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y serán designados por la Junta de Gobierno a propuesta de quien presida el DIF municipal.
Además de señalar el equipo de profesionistas con el que deberán contar las procuradurías municipales, el dictamen indica la sustitución de la Junta Multidisciplinaria del DIFEM por el Comité Interinstitucional de Niñas, Niños y Adolescentes en acogimiento residencial, que se encargará del análisis y resolución de las solicitudes de adopción de las niñas, niños y adolescentes ubicados en los centros de asistencia social, entre otras actividades.
Al Comité Interinstitucional se sumarán las vocalías con representantes de diferentes dependencias estatales y de la Junta de Asistencia Privada, así como invitados especiales, entre los que destacan integrantes de la Comisión Legislativa Especial de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y titulares de procuradurías municipales, entre otros.
Las reformas abren una oportunidad para atender con mayor profesionalismo a las adolescentes en situación de embarazo o madres, regula las entregas voluntarias de menores por padres o madres, y señala que una persona mayor de 21 años podrá adoptar cuando acredite que cuenta con el oficio de viabilidad, con base en los estudios médico, psicológico, de trabajo social y socioeconómico para expedir el certificado de idoneidad que deberá expedir la Procuraduría de Protección.
Durante el análisis, las y los legisladores consideraron que se beneficiará a más de 4 millones de menores y adolescentes de la entidad, y se solicitó dar seguimiento a las adopciones que gestionen los centros de asistencia social privados.
El dictamen, que será sometido a la Asamblea plenaria incluye reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México y la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Carácter Municipal denominados Sistemas Municipales Para el Desarrollo Integral de la Familia.