La diputada Ingrid Schemelensky Castro propuso, en nombre del grupo parlamentario del PAN, penas de hasta 12 años de prisión en contra de quien o quienes faciliten, adiestren o recluten a niñas, niños y adolescentes para el manejo de armas y su participación en hechos constitutivos de delito.
En sesión deliberante, al exponer la iniciativa de reforma al Código Penal, apuntó que la facilitación, adiestramiento o reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para el manejo de armas de fuego sobre todo con fines ilícitos, es un problema público que debe atenderse y visibilizarse de manera urgente, ya que constituye como una de las formas de violencia que afectan el desarrollo pleno de la niñez y trae consecuencias graves y devastadoras.
Remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, expone que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que en la entidad los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años, o incluso a edades más tempranas y que datos del Tribunal Superior de Justicia muestran que durante el último año en la entidad se han incrementado en 10% los casos de niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales por la comisión de delitos.
En poco más de un año, detalla la iniciativa que firma el legislador Enrique Vargas del Villar, aproximadamente mil adolescentes tuvieron un asunto penal por la comisión de una conducta antisocial. Los datos proporcionados por el Poder Judicial señalan que, del 20 de marzo de 2020 al 3 de junio de 2021, 985 adolescentes cometieron un ilícito por el que enfrentan un proceso; 132 fueron de alto impacto; en su mayoría secuestro, violación, homicidio y robo con violencia.
La propuesta precisa que comete el delito contra las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho al que por cualquier medio, además de obligar, procurar, inducir y facilitar, también adiestre a un menor, y plantea elevar la pena actual de cárcel de 5 a 10 años, a 7 y 12.
Asimismo, propone que, a quien lleve a cabo el reclutamiento o utilización de menores de edad para la comisión de las actividades objeto de las organizaciones delictivas se le impondrá la pena señalada en la presente fracción. Además, a quien obligue a fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas sin un fin licito, se le impondrá una pena de siete a doce años de prisión.