La LXII Legislatura del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la minuta enviada por el Senado de la República en materia de simplificación orgánica, sumándose a las entidades que respaldan la extinción de siete organismos autónomos y reguladores, cuyas funciones serán atendidas por otras instituciones.

Como parte del Constituyente Permanente, el Legislativo mexiquense avaló la reforma para que otros órganos y dependencias del gobierno federal asuman las tareas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social; del Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como de las comisiones para la Mejora Continua de la Educación; de Hidrocarburos; Reguladora de Energía; y de Competencia Económica. 

Sobre la reforma a la carta magna federal, leída en tribuna por la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O (PT), la diputada María José Pérez Domínguez (morena) explicó que permite una organización administrativa más eficiente y sin duplicidad de funciones, lo cual generará ahorros de más de 30 mil millones de pesos por sexenio, a favor de las tareas prioritarias de un “Estado al servicio del pueblo”.

En su intervención, el legislador Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) señaló que esta reforma se debe a una “sed de venganza” y a la concentración del poder en una sola persona con la “falsa narrativa de la austeridad”, mientras que la congresista Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) expresó que la aprobación “abre la puerta a la opacidad y a la corrupción”, y propicia la concentración de poder para favorecer prácticas monopólicas, nepotistas, discrecionales y autoritarias.

La parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC) señaló que esta minuta se trata de la eliminación y destrucción de instituciones, cuyo trasfondo es un “ánimo revanchista”, que busca someter la vida pública a una mayoría transitoria. 

Finalmente, la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) subrayó que los contrapesos son necesarios, por lo que estos ajustes transgreden principios democráticos y erosionan el equilibrio e independencia entre poderes.