Prevenir y combatir con mayor eficacia delitos que se originan en el sector privado como el blanqueo de capitales, ilícitos contra la hacienda pública y la seguridad social, urbanización ilegal y delitos contra el medio ambiente, son propósitos de la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México, impulsada por la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (Morena).
En reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la legisladora resaltó que no se trata de penalizar conductas ni perseguir al empresariado, sino que actúe con debida diligencia, integridad empresarial y compromiso social.
La iniciativa también busca dar cumplimiento a las disposiciones de carácter federal que desde 2014 obligan a modificar los códigos penales estatales para integrar el catálogo de tipos penales para las personas jurídicas, pues su inexistencia implica una violación al principio de legalidad.
En este sentido, precisa que los tipos penales se establecerán cuando se deriven de actividades referentes al objeto social de la persona jurídico colectiva y que, independientemente de la responsabilidad en que incurran, las y los representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho serán responsables de acuerdo con la conducta desplegada o la omisión, además de que no se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se trasformen, fusionen, absorban o escindan.
Propone una efectiva política criminal preventiva, propiciando en las personas jurídico colectivas la implementación de políticas de auto gobierno e incluye en el catálogo de tipos penales el quebrantamiento de sellos, fraude procesal, falsificación de documentos, delitos en contra del desarrollo urbano, contra el consumo, contra la economía pecuaria, contra el trabajo y la previsión social, contra el ambiente, flora y fauna silvestre.
También busca incorporar sanciones para ilícitos como homicidio y lesiones, extorsión, abuso de confianza, despojo, cohecho y daño en bienes, discriminación, así como el uso de imágenes y/o voz de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía, entre otros casos específicos, ya previstos por el Código Penal.
Ante la representación de la FGJEM, encabezada por Sandra Cárdenas Sánchez, subdirectora de Normatividad, el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena), presidente de la comisión legislativa, sugirió solicitar a la Junta de Coordinación Política programar una reunión de trabajo para incluir las observaciones de la Fiscalía y de los integrantes de la comisión para dictaminar la iniciativa.