Ante la reiteración de observaciones a entes municipales en los informes de resultados de la cuenta pública, diputadas y diputados de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) de la LXII Legislatura mexiquense, plantearon endurecer sanciones para quienes no cumplan con lo mandatado en la ley y capacitar a personas funcionarias de administraciones municipales entrantes, para que conozcan la situación presupuestal de los ayuntamientos y eviten repetir errores en la transparencia de recursos. 

En el análisis del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2023 en el ámbito municipal, elaborado por el OSFEM, la legisladora Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (morena) propuso la capacitación en los valles de Toluca y de México, en fechas por definir, para que titulares de las alcaldías, tesorerías, administración y secretarías de ayuntamiento municipales, conozcan la información de los municipios en materia de presupuesto, deudas y observaciones realizadas por el órgano fiscalizador. 

Al coincidir con esta propuesta, el parlamentario Samuel Hernández Cruz (morena) resaltó que en estas capacitaciones se aprovechen las experiencias del OSFEM para mejorar la entrega de información, así como para trabajar en una reforma integral, con la que se endurezcan sanciones a personas servidoras públicas, cabildos y titulares de los ejecutivos municipales que nombren a funcionarios o funcionarias que no reúnen los requisitos para los cargos en la administración.

En presencia de Miroslava Carrillo Martínez, titular del OSFEM, el diputado calificó como fundamental que las y los próximos alcaldes conozcan cómo van a recibir las administraciones en cuanto a observaciones, pues muchos municipios adeudan al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y reflejan diferencias entre el presupuesto autorizado y ejecutado o en duplicación de pagos en obras.

El parlamentario Gerardo Pliego Santana (morena) exhortó a que las y los alcaldes pongan atención a las finanzas municipales, pues criticó que administraciones salientes, como la de Toluca, dejarán al municipio con una crisis hídrica y con un incremento de la deuda en su organismo de agua equivalente al 83.5 por ciento, ya que en el 2023 solicitó 329 millones de pesos (mdp). Este ayuntamiento tuvo 26 observaciones del OSFEM. 

Luego de lamentar que en cada informe de resultados de la cuenta pública, entregado por el OSFEM, se repiten las observaciones por las problemáticas de la situación presupuestal en los municipios, el diputado Héctor Raúl García González (PVEM) resaltó que la capacitación ayudará para prevenir actos y omisiones en la materia. 

Al respaldar el combate a la corrupción y al abuso de autoridad en los municipios, la diputada Sofía Martínez Molina (PT) reprochó que la persona titular del Ejecutivo de Otzolotepec realizara, sin la autorización del cabildo, un movimiento presupuestal de 48.8 mdp, por lo cual se denunció ante la Contraloría del Poder Legislativo. 

La legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) se pronunció por fortalecer la legislación para que las observaciones sean vinculantes y se acabe con la impunidad y las malas prácticas. Además, criticó que en las contralorías y secretarías municipales se designe a personas sin cumplir con los requisitos establecidos, como ocurre en Ixtlahuaca, y solicitó información sobre el estado de las denuncias contra Raymundo Martínez Carbajal, exalcalde de Toluca, por presuntos actos de corrupción. 

Por el PRI, el legislador Alejandro Castro Hernández expresó su preocupación por las observaciones a municipios, por ello cuestionó a la auditora superior sobre los criterios para realizar sus auditorías y las medidas aplicadas para evitar que los municipios incrementen sus deudas.

La auditora superior coincidió con las y los legisladores sobre el fortalecimiento al combate a la corrupción y a la capacitación a personas funcionarias entrantes, pues deben tener detalle de las deudas que heredan las administraciones, incluso desde los procesos de entrega-recepción. 

Añadió que, en materia municipal, en el informe se revela la fiscalización a 429 entidades a través de 99 auditorías, que ejercieron 105 mil 60 mdp y recibieron dos mil 32 observaciones. 

Detalló que los principales hallazgos fueron: obra pagada no ejecutada, duplicidad de pago, carencia de verificación de los requisitos mínimos para desempeñar el cargo de la secretaría del ayuntamiento, no operación de sus comités de adquisiciones y servicios.  

En cuanto a sus contralorías municipales, se determinó falta de verificación de los requisitos mínimos para ocupar el cargo de titular de la Contraloría municipal; omisiones en la realización de auditorías e informes de resultados, y en la verificación aleatoria de la evolución patrimonial de los declarantes; así como falta de inicio de manera inmediata de investigación por presunta responsabilidad en la comisión de las faltas administrativas.