En el análisis de tres iniciativas que buscan establecer en el marco normativo estatal los lineamientos sobre el uso de dispositivos tecnológicos para modificar los ciclos hidrológicos, congresistas de las bancadas de morena y del PVEM del Congreso mexiquense se pronunciaron por regular estas actividades, en tanto que de la bancada del PRI solicitaron que se puntualice en su prohibición.

En reunión de las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático, y de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura mexiquense se inició el análisis de las iniciativas de la bancada del PVEM (presentada por el legislador Carlos Alberto López Imm y la legisladora Alejandra Figueroa Adame), de la bancada del PRI (presentada por la parlamentaria Leticia Mejía García) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El y las parlamentarias Jennifer Nathalie González López, Itzel Daniela Ballesteros Lule y Gerardo Pliego Santana, de morena, y Miriam Silva Mata, del PVEM, argumentaron que, de acuerdo a la normatividad, la autorización del uso de estas tecnologías debe responder a circunstancias imperantes para el control de algún ciclo hidrológico. 

La diputada Jennifer Nathalie González refirió que, más que la prohibición, se busca la regulación para el uso de estas tecnologías y se pronunció por establecer las multas más altas para quien incurra en la normatividad en los espacios aéreos; mientras que el diputado Gerardo Pliego reconoció que actualmente no hay elementos que brinden certeza del daño que ocasiona el bombardeo de las nubes, pero indicó que toda intervención a la naturaleza afecta el ciclo hidrológico, por lo que es importante regularlo.

La legisladora Itzel Ballesteros compartió que organizaciones civiles han denunciado que los cañones antigranizo pueden dispersar las nubes y la precipitación pluvial, afectando comunidades y ecosistemas, por lo cual es necesario garantizar que cualquier intervención en el clima se supervise por las autoridades; y la parlamentaria Miriam Silva consideró que, antes de la prohibición, debe haber un mayor estudio del impacto de esta tecnología para que se tenga la certeza de que afecte el ciclo hidrológico.

Por otro lado, la diputada Leticia Mejía enfatizó que su propuesta sí busca la prohibición expresa de la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o rebasen los límites máximos permisibles contemplados en las normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales, enfatizando en sistemas antigranizo o cualquier otro mecanismo que inhiba, modifique o altere el ciclo de la lluvia.

Además, resaltó que las propuestas del PVEM, del PRI y otra más del PT hablan de la prohibición de los sistemas antigranizo y que sí hay estudios de los daños al ciclo hidrológico por el uso de cañones antigranizo. 

Al exponer la propuesta de la bancada del PVEM, el legislador Carlos Alberto López reconoció la sensibilidad de la gobernadora para abordar esta problemática y puntualizó que su iniciativa busca castigar a quien afecte el ciclo hidrológico, pues en otros estados se han intervenido las nubes para beneficio del campo, y la legisladora Alejandra Figueroa refirió que en la entidad hay 800 mil hectáreas con superficie dedicada a actividades agrícolas, por lo cual es urgente regular la interrupción del ciclo hidrológico natural.

Al respecto, Felipe Hernández, coordinador jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente, y Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", compartieron que la iniciativa de la gobernadora busca implementar multas para quienes usen esta tecnología sin las autorizaciones correspondientes y que no se plantea una situación penal.

Estas iniciativas proponen reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a los códigos para la biodiversidad y penal, todos de carácter estatal.

 El parlamentario Carlos Alberto López informó que el 10 de diciembre pasado también se recibió una propuesta en la materia, autoría del diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT), así como que se podrán retroalimentar estas iniciativas hasta el 10 de febrero.