05 de Mayo 2022

Propone GPPRD eficientar mecanismos de protección a las mujeres

• El Congreso analizará incorporar en la Constitución el deber del Estado de garantizar el derecho al agua como un derecho humano.
• La diputada Viridiana Fuentes propuso evitar sustitutivos de pena de prisión cuando la víctima sea mujer.

Para mejorar los mecanismos de protección de las mujeres y evitar que los perpetradores de violencia tengan la posibilidad de culminar este proceso, como en el caso de los feminicidios, la diputada Viridiana Fuentes Cruz (PRD) propuso establecer en el Código Penal estatal que, en el caso de delitos relacionados con violencia física, la sustitución de la pena de cárcel no procederá cuando la víctima sea mujer de cualquier edad.
De acuerdo con la iniciativa, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, muestra que al menos el 66% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años confirmó que había sufrido algún incidente de violencia física, emocional, sexual o de discriminación a lo largo de su vida y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a noviembre de 2021 10.36 mexicanas fueron asesinadas diariamente.
Por lo anterior, apuntó, quienes toman decisiones de protección deben tener conocimiento de los factores de riesgo, por lo que se deben hacer modificaciones para prevenir los feminicidios ante factores de riesgo, como los antecedentes de violencia física.
Durante la sesión, la Mesa Directiva remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la iniciativa del grupo legislativo del PRD para establecer que toda persona tiene derecho al agua como líquido vital, inherente al ser humano como recurso proveedor de vida, y como patrimonio social, natural y cultural.
De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal, el derecho al agua debe garantizar que el líquido sea accesible, suficiente, asequible y de calidad para todos sin distinción alguna y que el Estado de México debe asegurar el cumplimento de este derecho, y garantizar justicia hídrica como la capacidad del estado para proteger las aguas no potables, y las potables para el uso humano, garantizando además la restauración de los daños producidos al líquido, y a la infraestructura que lo transporta.