Al instalar el Comité de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo, su presidente, el diputado Samuel Hernández Cruz (morena), aseveró que vigilarán la designación de titulares de las contralorías municipales, que inician gestión el próximo 1 de enero, para que se ajusten al derecho y tengan los mejores perfiles, así como que se capacite a alcaldes y alcaldesas para que hagan las designaciones con transparencia.
En sesión de instalación del Comité, el parlamentario se pronunció por un trabajo coordinado con la Secretaría de la Contraloría estatal para el intercambio de información, que permita identificar las trayectorias patrimoniales de quienes han ocupado cargos en la administración y hoy son sujetos de revisión por la Contraloría del Poder Legislativo.
Tras exponer el caso del exfuncionario federal Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, participar en una empresa criminal continua y dar declaraciones falsas a las autoridades, el legislador subrayó la importancia de fortalecer el entramado jurídico que inhiba y, en su caso, corrija la comisión de faltas de quienes asumen el ejercicio del poder público.
En la reunión, donde se designó a Verónica Midory Orozco Alcalá como secretaria técnica del Comité, el congresista Alejandro Castro Hernández (PRI), secretario del órgano legislativo, señaló que la misión es velar por la integridad de los actos de la administración y supervisar el cumplimiento de normas que rigen el uso de recursos públicos, así como que los instrumentos de la Contraloría legislativa se conduzcan con apego a derecho y no como mecanismos de presión, revanchismo, pago de favores o amiguismos.
El prosecretario del Comité, el diputado Gabriel Kalid Mohamed Báez (PT), apuntó que la transparencia y la rendición de cuentas tienen que imperar en el ámbito público, ya que las y los servidores públicos deben responsabilizarse del ejercicio correcto de los recursos, así como de generar confianza en sus instituciones, por lo que se requieren elementos para un trabajo profesional y técnico en la rendición de cuentas.
Por morena, el legislador Osvaldo Cortés Contreras enfatizó que se necesita coadyuvar a la mejora de la cultura de transparencia y rendición de cuentas que fomenta la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; en tanto que la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza pidió garantizar la transparencia de la información y las acciones para el combate a la corrupción para que la población conozca el uso de los recursos públicos.
Por el PAN, la parlamentaria Emma Laura Álvarez Villavicencio abogó por el fortalecimiento y el respeto a la autonomía e independencia institucional e indicó que la Contraloría legislativa es clave en el ejercicio de la legalidad y de la justicia, así como la primera línea de contacto con personas servidoras públicas para recibir denuncias.
Juan José Hernández Vences, titular de la Contraloría legislativa, informó que en 2024 han recibido 114 denuncias ciudadanas por presuntas faltas administrativas en las municipalidades; y se han radicado 554 expedientes por presuntas faltas en lo general, de los cuales 340 están en trámite y 70 ameritaron inicio de responsabilidades.
Añadió que se recibieron dos mil 421 declaraciones de situación patrimonial, y sólo faltaron cinco personas de presentarla; realizaron ocho evaluaciones patrimoniales a mandos superiores y cinco a congresistas; e iniciaron 232 expedientes por presunto nepotismo o conflicto de interés, con un juicio de amparo y 227 expedientes concluidos.
Miroslava Carrillo Martínez, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); e Hilda Salazar Gil, secretaria de la Contraloría estatal, calificaron como necesaria la coordinación de las dependencias en acciones preventivas y correctivas para la fiscalización de recursos públicos y la evaluación de situaciones patrimoniales.
Finalmente, Gerardo Becker Ania, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa estatal; y Petra Rocío Miguel Hernández, alcaldesa de Tecámac, resaltaron la necesidad de la profesionalización de las y los servidores públicos dedicados a la fiscalización.