La bancada del PRD en la LXII Legislatura mexiquense propuso que a la persona integrante de cualquier corporación de seguridad pública estatal o municipal que, infringiendo el deber de protección o garante, prive de la vida a otra persona, se le impondrá de 50 a 70 años de prisión.

La iniciativa añade como sanción una multa de mil a mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, lo cual actualmente equivale a una multa de 108 mil 570 pesos a 162 mil 855 pesos.

Esta propuesta para reformar el Código Penal estatal suma sanciones similares a la persona servidora pública que otorgue consentimiento, aprobación u orden a cualquier persona para cometer este delito, lo cual es conocido popularmente como ejecución extrajudicial. Además, detalla que el órgano jurisdiccional ordenará la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público de forma permanente; así como que este delito no es imprescriptible.

En su exposición, el legislador Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, indicó que la reforma busca combatir las arbitrariedades y los abusos del poder que terminan con la vida de cientos de personas, por lo cual el reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales, en el Código Penal, es necesario para reforzar el estado de derecho y garantizar la justicia.